Desde que se aprobó en el año 2013 la ley a favor de la despenalización de la marihuana Uruguay ha enfrentado diversas situaciones.
Uruguay se encuentra rodeado por Argentina y Brasil, dos gigantes en los que la inestabilidad política, económica y social son una constante, este pequeño país de 3,4 millones de habitantes destaca en la región por su democracia plena y también se distingue del resto de países latinoamericanos por una serie de leyes progresistas que han sido aprobadas en los últimos 15 años bajo el gobierno del izquierdista Frente Amplio. Una de las normas que se destaca como una pionera en el mundo que se aprobó en diciembre de 2013, cuando el Estado uruguayo asumió el control de la producción, comercialización y distribución de la marihuana con el objetivo de «terminar con el narcotráfico y mejorar la salud de la población».
Legalizar esta droga con fines que exceden lo terapéutico suponía tomar una vía alternativa a la regulación prohibicionista imperante en el mundo y no han sido pocos los obstáculos a los que se ha enfrentado y sigue enfrentando actualmente la ley.
«La estrategia de Uruguay ha sido colocarse a nivel internacional desde una óptica de derechos humanos y de avanzada. Implantamos el modelo cuando en EEUU solo había dos estados que habían legalizado la marihuana con fines recreativos», señala a eldiario.es. El exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, uno de los impulsores de la iniciativa y quien considera que la guerra contra las drogas y la represión «solo han demostrado que, lejos de resolver el problema, generan uno nuevo, porque aumenta la violencia y no cesa ni la producción ni el tráfico, ni el consumo».
La norma estableció tres caminos legales para acceder a la marihuana con fines recreativos: el autocultivo, que permite hasta 6 plantas por hogar, los clubes cannábicos, con un máximo de 99 plantas, y la venta en farmacias. Esta tercera vía habilita al usuario a comprar marihuana en envases de cinco gramos por 220 pesos y hasta un máximo de 40 gramos por mes.
En cualquiera de las tres opciones el consumidor debe inscribirse en un registro, pues de lo contrario la actividad sería ilegal y podría incluso enfrentarse a penas de cárcel.
Según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca, el organismo encargado de hacer cumplir la ley), del total de 45.067 usuarios registrados a finales de febrero para acceder a la marihuana legal.
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